Desde España, donde pasa la mayor parte del tiempo desde hace al menos tres años, el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, respondió hoy con un breve mensaje en las redes sociales a la apertura de una investigación judicial sobre sus operaciones financieras.
A pesar de que sólo utiliza esa plataforma de comunicación para dar el pésame a amigos, familiares o conocidos que han perdido a algún ser querido, en esta ocasión decidió expresar su opinión desde ahí.
En el breve mensaje, Peña Nieto expresó: “En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”.
Y finalizó su breve mensaje expresando su “confianza en las Instituciones de procuración de y administración de Justicia”.
Peña Nieto no aclara si tiene intención de viajar a México para explicar el supuesto origen ilícito de su patrimonio, así como las diversas operaciones presuntamente fraudulentas en las que habría incurrido.
Peña Nieto, tufo a podrido
Las irregularidades detectadas en el Gobierno de Peña Nieto no se cometieron hace 20 años a diferencia de los otros exmandatarios. Entre ellas, sobresalen los fraudes denunciados con OHL; las obras de infraestructura que no se terminaron, pero en las que se gastaron millones de pesos; el desvío de recursos públicos detectado a través de secretarías federales; el posible financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto y el posterior pago de sobornos con dinero de esta empresa para la aprobación de la Reforma Energética, como se ha denunciado.
Además, recientemente se ampliaron los datos del espionaje masivo que se desplegó durante su administración. Sobre estos temas, el argumento en defensa puede ser que no fue Peña Nieto en persona, el que cometió los posibles delitos, pero como se manejó en el caso de Rosario Robles —juzgada por el desvío de millones de pesos en la Sedesol y la Sedatu—, no había forma de que él no estuviera enterado porque las cantidades de dinero que estuvieron de por medio y los proyectos en juego no fueron menores, sino notorios y además, se trató de acciones continuadas.
Hay una declaración clave del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, que le da al periódico La Jornada en diciembre del 2020: “No había posibilidades de que el Presidente [Peña Nieto] no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”.
Sin embargo, no se conocen a detalle todas las tramas de corrupción en las que estuvieron involucrados los funcionarios del más alto nivel y los más cercanos a Peña Nieto. Para ello, para llamar a que el expresidente priista rinda cuentas, se ha organizado la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, en la cual se revisarán las decisiones políticas tomadas en los años pasados para “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, entre ellas las del peñismo.
El mismo Santiago Nieto ha explicado que aunque ya no puede haber una acción penal en contra de algunos expresidentes, lo que sí se puede lograr con la Consulta “es una especie de comisión de la verdad de la corrupción en el país”, a partir de la cual, más que una pena legal figuraría una pena política y un juicio histórico.
En el documento con el que se promovió la Consulta Popular —que concluyó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación— el actual Presidente describe las razones por las que Peña Nieto debería enfrentar la justicia:
“La irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin que ello tuviera consecuencias legales o llevara al TEPJF a anular la elección, como en ese tiempo, desde la oposición formalmente lo exigimos. Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht. Por otra parte, los señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a los 200 millones de dólares”.
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