Antonio León, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, señaló que el presupuesto para trasladar la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Judicial podría superar los 92 millones de pesos que originalmente se solicitaron para este año, y que finalmente no se otorgaron, al quedar pendiente dicho proceso.
Y es que el traslado de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial se ha estancado, debido a que las reformas para dotar de un marco jurídico no se han dado en el Congreso de la Unión.
“Estaríamos empezando con lo mínimo, de acuerdo con el análisis que se hizo y, además, son 92 millones que se pidieron el año pasado; para este año, con los incrementos de los costos y la inflación, seguramente será un poco más para infraestructura básica y personal.
Obviamente esto dependería de si ya se cuenta con la reforma laboral”.
Señaló que al no haber reforma que establezca ya cuál va a ser el proceso para esta justicia laboral, tampoco hay recursos al contar con la infraestructura, ya que esos 92 millones se iban a destinar a la construcción de ocho juzgados.
Sin embargo, Antonio León detalló que pese a ello, el Poder Judicial ha continuado con el trabajo de cara a este cambio, como la creación de la Unidad de Implementación de la reforma laboral, donde se capacita a trabajadores del Poder Judicial y abogados.
