Tras la oficialización de la renuncia de Jesús Alberto Capella el mes pasado como secretario estatal de Seguridad Pública, luego de permanecer seis meses “separado” del cargo, tras la represión policiaca de manifestantes en Cancún en noviembre, tanto dicha corporación como la Fiscalía General del Estado comenzaron a sufrir ciertos cambios, para bien.
Como si les hubiesen quitado un tapón que les obstruía las líneas de eficiencia y operatividad, ambas instituciones empezaron a dar muestras de que de manera coordinada pueden ir cerrando la brecha entre la justicia y la impunidad con que se conducen los grupos del crimen organizado que han sentado sus reales en el estado. Y que hasta antes de la salida de Capella y la posterior ratificación de Lucio Hernández como el nuevo mandamás de la Policía estatal, eso no se veía muy a menudo.
En los últimos años, Quintana Roo se colocó en sitios nada gratificantes del ‘ranking’ nacional en materia de delincuencia y violencia. Incluso, más recientemente, Cancún apareció entre las primeras ciudades de México con mayor percepción de inseguridad (lugar 14), según un estudio del Inegi. Números duros, incómodos, pero reales y oficiales. Nos gusten o no.
El engranaje de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado reaccionó favorablemente a la aceitada del cambio y unos cuantos días después del pase de estafeta desmantelaron un peligroso grupo criminal dedicado al secuestro, extorsión y asesinatos de taxistas, así como relacionado con la ejecución del exaspirante a la Presidencia Municipal de Puerto Morelos, Ignacio Sánchez.
A mediados de este mes, producto de investigaciones a estos criminales, policías estatales y ministeriales encontraron varias fosas clandestinas en zonas selváticas del ejido Bonfil de Cancún, donde hallaron restos humanos de por lo menos cinco personas. Un tiradero de cadáveres a cielo abierto del que nadie antes se había percatado.
Días más tarde, en otro operativo “reventaron” una casa de seguridad donde encontraron armas de fuego y fueron detenidos otros diez presuntos delincuentes, uno de ellos identificado como cabecilla de un grupo criminal generador de violencia y también de extorsiones a empresarios y ejecuciones de taxistas. Estaba, además, vinculado también con el asesinato de “Nacho” Sánchez.
Con información obtenida de esta célula criminal, la Fiscalía y la SSP localizaron posteriormente otra “narcofosa” en la misma zona de Bonfil, con nueve cuerpos más. Y días después, catearon dos fincas en el poblado de Leona Vicario donde desmembraron otro importante clan de la delincuencia organizada.
Aquí fueron capturadas 10 personas en posesión de fusiles de asalto tipo AK-47, miles de cartuchos útiles, droga y equipo táctico similar al que utilizan fuerzas policiales y militares, con los que encubrían sus ilícitas actividades.
Esta banda estaba relacionada con homicidios, extorsiones por “derecho de piso”, desaparición de personas y narcotráfico, al igual que con la ejecución del malogrado político portomorelense y los posteriores atentados que sufrió su viuda, la actual presidenta municipal electa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu.
En un mes, las autoridades de seguridad y justicia de Quintana Roo han dado una notable vuelta a la tuerca.
No sólo sacaron de circulación a decenas de peligrosos indeseables, sino que pusieron al descubierto una bien estructurada ramificación delincuencial que obedecía también a móviles políticos dirigidos a tomar el control de algunos municipios y someter a sus autoridades, al costo que fuera.
Confiamos que estas acciones sean permanentes y duraderas. Que sean reales y de fondo. Con todo.
Que no sean sólo una sacudida al tapete, sino el inicio de una nueva estrategia encaminada a limpiar a fondo la casa. Tanto afuera, como adentro.
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