Por falta de recursos no va consulta popular contra Aguakan, afirma Teqroo

Por falta de dinero no va consulta popular contra Aguakan, afirma Teqroo

El Pleno Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), confirmó que el Gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), está imposibilitado para costear la consulta pública contra Aguakan, promovida por la senadora con licencia, Marybel Villegas Canché.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) determinó este jueves 20 de mayo que sea el Gobierno de Quintana Roo el que absorba el costo de la consulta popular para valorar la revocación o no de la concesión otorgada a la empresa Aguakan, respecto al suministro de agua en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.

En sesión virtual, los magistrados resolvieron, además, que dicha consulta no se lleve a cabo en las elecciones locales de este 7 de junio, sino que se posponga hasta que el Gobierno de Quintana Roo manifieste que está en la posibilidad de cubrir la cantidad de 21 millones 80 mil 712 pesos, que es el costo de ese ejercicio democrático.

Esto, luego que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) impugnó a Sefiplan por la negativa para asignar recursos económicos para la ejecución de las consultas populares en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

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Lo anterior, según el Juicio Electoral Derivado de Consultas, JEC/001/2021.

El Pleno del Teqroo, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por unanimidad de votos, determinó confirmar el acto impugnado referente a la imposibilidad de contar con recursos excedentes a efecto de realizar las transferencias necesarias para llevar a cabo dichas consultas populares.

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No obstante lo anterior, el Pleno dejó a salvo las atribuciones constitucionales y legales del Ieqroo para seguir realizando las gestiones necesarias ante las autoridades competentes, a efecto de que en el momento que exista la posibilidad material para la realización de estas consultas populares, sean ejecutadas conforme a derecho.