Una medida cautelar a favor del derecho a la Seguridad Pública, fue emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), que dirige Marco Antonio Toh Euán, ante el considerable incremento de inseguridad por delitos en contra de quienes circulan en los tramos comprendidos entre Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Tulum.
Emite Derechos Humanos medida cautelar por inseguridad en carreteras
La queja de oficio se radicó bajo el número de expediente VG/OPB/433/11/2019, al advertirse, mediante diversos medios de comunicación, las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, en particular el derecho a la seguridad, cometidas en agravio de las personas que viajan y circulan por los tramos carreteros del Estado ya señalados, en la cual se involucra como autoridades responsables a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Tulum.
Emite Derechos Humanos medida cautelar por inseguridad en carreteras; piden a las autoridades garantizar el derecho a la Seguridad Pública.
En la medida se solicita la adopción de medidas de conservación, a efecto de evitar que se vulneren de manera irreparable el Derecho a la Seguridad Pública, así como a la integridad personal y al patrimonio, con la finalidad de que, de manera coordinada entre la Federación, el Estado y los Municipios, principalmente en el ámbito de su jurisdicción, implementen acciones de prevención de los delitos, labores de vigilancia y patrullaje, además de brindar seguridad, así como auxilio a las víctimas de delitos, las veinticuatro horas del día, preferentemente en los horarios de mayor incidencia, vespertino y nocturno.
Pide la Cdheqroo implementar estrategias de prevención
Asimismo, se elaboren e implementen estrategias que coadyuven a la disminución y, en su caso, erradicación de la incidencia delictiva en agravio de las personas que transitan por las vías de comunicación (carreteras) estatales, con el fin de que se evite que sean víctimas de cualquier delito en contra de su integridad y su patrimonio.
De acuerdo al marco normativo, las autoridades señaladas tienen un plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación para aceptar dicha medida.
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