La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el amparo promovido por Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y confirmó la sentencia que la obliga a pagar 19.2 millones de pesos por concepto de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.
Gordillo impugnó el adeudo primero ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y posteriormente mediante un amparo, cuyo recurso llegó hasta la Corte. Por unanimidad y sin discusión, el Pleno aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres en el recurso de reclamación 337/2025, relacionado con el amparo directo en revisión 2958/2025, y dio la razón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al revocar la decisión emitida en mayo de 2025, cuando la entonces ministra presidenta Norma Piña admitió el recurso de revisión promovido por la exlideresa tras el fallo del TJA que negó su amparo.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó el 30 de agosto de 2016 un crédito fiscal contra Gordillo, al detectar ingresos que no correspondían al régimen de sueldos y salarios que había reportado. En particular, se identificaron depósitos en cuentas bancarias y pagos a tarjetas de crédito y de servicios a su nombre.
La autoridad fiscal determinó que los recursos recibidos por la maestra constituían ingresos acumulables, al considerar que incrementaban su patrimonio y, por tanto, generaban la obligación de pagar ISR conforme a la ley vigente en esos ejercicios. No obstante, Gordillo Morales sostuvo que dichos montos no eran ingresos propios, sino cantidades destinadas a cubrir gastos y erogaciones en representación del SNTE para asistir a congresos y reuniones.
Al no presentar pruebas suficientes, como una orden o comisión formal del sindicato, que acreditaran que actuaba por cuenta de un tercero, se le impuso un crédito fiscal; esta determinación fue confirmada en los distintos recursos y juicios, al concluirse que no comprobó el origen ni el destino de los fondos.
Ante la Corte, impugnó diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, la Ley del ISR y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, argumentando que vulneraban su derecho de audiencia y acceso a la justicia al imponerle una carga probatoria que, afirmó, no podía cumplir por no estar obligada a llevar contabilidad.
“Este Pleno de la SCJN resuelve que es fundado el agravio consistente en que el recurso de revisión interpuesto por la recurrente no comprende un tema de constitucionalidad, pues de lo que realmente se duele la revisionista es de una cuestión estrictamente probatoria, esto es, para que se corrobore su afirmación en el sentido de que el origen de los recursos que corresponden a los ejercicios fiscales de dos mil ocho y dos mi nueve, fueron gastos y erogaciones realizados a nombre y representación del Sindicato”, señala el proyecto de la ministra Batres.
Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante más de dos décadas. En 2013 fue detenida y acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por el presunto desvío de recursos del sindicato; aunque posteriormente quedó en libertad en 2018 al no acreditar los cargos, su nombre regresó a la controversia por litigios fiscales, como el adeudo millonario que ahora la Suprema Corte confirmó.
