La crisis por el Covid-19 podría poner en jaque los avances logrados para erradicar la participación de los menores de edad en el mercado laboral, ya que sin políticas públicas específicas, este problema seguirá aumentando, advierte la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), muestra un incremento entre 2017 y 219 de 3.2 a 3.3 millones en el grupo de niñas, niños y adolescentes que laboran; esto, antes de la crisis por el Covid-19; sin embargo, la pandemia y la falta de políticas públicas que protejan a la niñez y el empleo de personas adultas incrementó en trabajo infantil en un 50 por ciento.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, señaló que el avance que se tuvo en los últimos de 10 años se está yendo por la borda, pues la principal preocupación de una gran mayoría de la población infantil es quedarse sin empleo en la pandemia.
El cierre de escuelas para evitar la propagación del virus ha sido otro factor que ha jugado en contra, ya que una parte de la población infantil ha sido llevada a ocupar ese tiempo en trabajo, otra laboraba justamente para poder estudiar.
“La Secretaría de Educación Pública ha reportado que perdió contacto con el 15% de la población estudiantil; es decir, más de 4.5 millones de niños y niñas. Eso hace el correlativo de la población que realiza actividades económicas”.
Puntualizó que las organizaciones por los derechos de la infancia están desesperadas, porque los gobiernos no abordan el trabajo infantil de raíz: la pobreza y discriminación estructural que viven niñas, niños y adolescentes y sus familias y el crimen organizado, a la caza de víctimas de trata para explotación sexual.
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