Organizaciones, colectivos y la Red Feminista de Quintana Roo se pronunciaron en contra de la iniciativa del diputado Eduardo Martínez Arcila, sobre el veto o pin parental que prevé que sean los padres, madres de familia o tutores los que decidan si sus hijos deberán asistir a clases cuando se impartan contenidos de moralidad, sexualidad y valores.
Feministas se pronuncian en contra de iniciativa del PIN parental
La tarde del miércoles representantes de estas organizaciones acudieron al recinto legislativo e hicieron entrega de su pronunciamiento a la Oficialía de Partes del Congreso para que sea turnado al área correspondiente.
En el escrito se detalla que a finales de enero de este año comenzaron a presentarse iniciativas para reformar leyes de educación en las entidades federativas de México, cuyo objetivo es obligar a los centros educativos a informar a madres, padres y tutores sobre el contenido de las actividades escolares que versen sobre moralidad, sexualidad y valores, y recabar su autorización explícita para que sus hijas e hijos menores de edad participen en dichas actividades.
Esto es conocido como PIN parental, un candado que se otorga a madres, padres y tutores para impedir el acceso de sus hijas e hijos a este tipo de contenidos, lo que sin duda viola los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el derecho a la educación, a la salud sexual y reproductiva entre otros.
Estas iniciativas, además de ser contrarias a los principios constitucionales de la laicidad, la equidad y el respeto a los derechos humanos, representan un franco obstáculo para que niñas, niños y adolescentes cuenten con las herramientas para un desarrollo óptimo y libre de violencia.
En ese sentido, el diputado del PAN, Eduardo Martínez Arcila, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado que, de manera arbitraria, violenta los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes.
Y únicamente fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, la cual él preside, sin considerar en la discusión a otras comisiones relacionadas con el tema, como es la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión de Igualdad de Género.
Ante esta situación, las quejosas manifestaron que su postura en contra de esta propuesta se debe a que afecta el ejercicio de los niños, niñas y adolescentes al derecho a la educación, a la salud y a la libertad de expresión al restringir o limitar su acceso a la información.
Asimismo, contraviene el interés superior de la niñez al permitir que las madres y los padres de familia determinen el contenido y las características de la educación, con base en sus convicciones personales.
Incluso, vulnera el propósito de escuelas de construir espacio seguro para que niñas y niños hablen de todos los temas y obtengan herramientas para tomar decisiones sobre su vida, acceder a servicios a los que tienen derecho y reconocer violaciones a sus derechos, entre otros conceptos.
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