El gobernador Carlos Joaquín presentó una iniciativa de decreto al Congreso de Quintana Roo, que permitiría al estado obtener un endeudamiento por hasta 820 millones de pesos a pagar en 20 años.
La iniciativa ya causó polémica y tan es así que, debió postergarse su discusión, quizá para el inicio del próximo año.
Hay dos aspectos centrales de esa polémica. Primero, por el monto y el plazo de pago. Se trata de endeudar al estado, como ya se dijo, en 820 mdp, y a la vez comprometer por 20 años hasta el 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
En el estado –explican- que este recurso no se inscribirá como deuda, según los parámetros de la Ley de Disciplina Financiera. Según esa ley, el techo de endeudamiento de los estados se establece por la afectación que la deuda tiene sobre los ingresos propios del estado y las participaciones federales.
El endeudamiento que se solicita no se garantizará con ninguno de esos dos rubros, sino que será con las aportaciones federales, como ya dijimos.
Pero esa no es, realmente, una buena noticia. Recurrir a las aportaciones no es una salida ingeniosa; es más bien un tecnicismo desesperado para estados que ya no pueden endeudarse más, como es el caso de Quintana Roo.
Para que se entienda bien: quizás ese crédito no presione sobre los parámetros de deuda pública, pero es dinero que se pide prestado, y se devuelve durante 20 años con generosos intereses. Es, en el habla cotidiana, una nueva deuda para un estado que ya debe 20 mil millones de pesos.
El destino de los recursos también genera polémica. En ese punto, el estado dijo que serán utilizados para “fomentar la inversión pública productiva”, y presentó un listado de 102 obras públicas probables para destinar esos recursos.
Se trata, sin embargo, de un listado de obras demasiado amplio y que permitiría que el estado invierta de manera arbitraria y quizá partidista, en un año que será electoral, porque no hay recursos etiquetados para obras.
Por eso, pareció que ese listado de 102 proyectos dispares que se presentó al Congreso, sólo busca aturdir al lector; dar la sensación de que el destino de los recursos es menos arbitrario de lo que realmente es.
En este contexto, será muy importante saber qué harán los diputados de la 4T, porque ellos tendrían en sus manos la aprobación o no de este crédito. El presidente López Obrador ha pedido una y otra vez a los gobernadores que recurran a la austeridad y no se endeuden.
Pero viendo lo que sucedió con el Puente Nichupté, donde la mayoría de los diputados de Morena, PT y del Verde aprobaron, con argumentos muy endebles y sin chistar, ese polémico proyecto, parecería que la deuda también tiene amplias chances de ser aprobada.
El Congreso podría buscar una salida intermedia, como etiquetar las obras y distribuirlas equitativamente en los municipios, y así lavarse las manos. Luego, el joaquinismo debería conseguir el voto de los dos tercios de los “diputados presentes”, lo cual permite juegos aritméticos para llegar al número mágico.
Para qué explicarlo mejor: si a esa sesión fuesen los 25 diputados, el oficialismo necesitaría 17 votos para aprobar la nueva deuda, y posiblemente no los tenga. Ahora, si a la sesión fueran sólo 18 diputados, por decir un número, sólo necesitaría 12 votos, y esos sí los tiene.
Lo que esto quiere decir es que el bloque que se dice lopezobradorista podría hacer que varios de sus diputados falten a la sesión, y así el joaquinismo tendría los votos para aprobarlo. Sería una salida infame, pero legal. ¿Alguien se sentiría sorprendido?
La realidad es que, estando en el recinto, ningún diputado del lopezobradorismo puede justificar la aprobación de ese crédito. Todas las excusas que se busquen serán insuficientes para esconder el hecho de que habrán pateado entonces los ideales y las esperanzas de la 4T en Quintana Roo, y quizá también habrán tirado por la borda sus carreras políticas.
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