Los elementos de la Policía Ministerial de Investigación (PMI), que hoy están protestando al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE), lejos de mejores condiciones salariales, lo que realmente pretenden es evadir las evaluaciones de control y confianza a las que obligatoriamente deberán someterse en lo que resta del presente año.
Según se pudo corroborar, los inconformes están buscando a toda costa “brincar” dichos exámenes, en razón de estar presuntamente vinculados a ilícitos, que van desde actos de corrupción hasta nexos con la delincuencia organizada.
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En este sentido, no se puede perder de vista que el estado de fuerza de la corporación es de 597 elementos, de los cuales 109, entre los que se incluyen los manifestantes, no tienen sus evaluaciones de control de vonfianza vigentes, lo cual los mantiene a un paso de perder sus trabajos; de ahí la decisión de protestar exigiendo un supuesto aumento de sueldo, cuando lo que realmente desean es no ser examinados y, en consecuencia, seguir actuando con total impunidad en contra de los ciudadanos.
Por si esto fuera poco, datos recabados confirmaron que de esos 109 agentes, 96 tienen un resultado de no aprobado en las evaluaciones que se les han realizado hasta el momento, lo que equivale al 16.06% del estado de fuerza arriba señalado, lo cual también los coloca, invariablemente, en riesgo de ser puestos de patitas en la calle.
Oscuros intereses en la rebelión de ministeriales en Quintana Roo, tras supuesto movimiento laboral, esconden una serie de irregularidades.
Al respecto, y para acentuar más la inconformidad de quienes han llegado al grado de suspender labores, con los riesgos que esto implica para la sociedad quintanarroense, se sabe que en días pasados inició el procedimiento administrativo de separación de 58, siendo que otros 18 están suspendidos actualmente, lo cual viene a demostrar que mas que justicia, insistimos, lo que buscan estos inconformes es una patente de corso para hacer lo que les plazca, menos cumplir cabalmente con su responsabilidad.
- Las causas identificadas por las que estos agentes que se dicen discriminados, explotados y humillados, no han aprobado las evaluaciones en cuestión son:
- Solicitar compensaciones en especie o en efectivo a cambio de agilizar las investigaciones de los denunciantes.
- Presentación de documentos apócrifos para acreditar su grado de estudios.
- Antecedentes de consumo de sustancias tóxicas o consumo reiterado de bebidas alcohólicas.
- Vínculos con la delincuencia organizada.
- Conductas inapropiadas en el desempeño de la función.
- Problemas de salud que impiden al adecuado desempeño.
- Conductas ilícitas para obtener un beneficio.
- No acreditar el origen lícito de depósitos realizados a sus cuentas personales.
- Infligir o tolerar actos de tortura.
- Distorsionar los hechos en el informe de investigación para beneficiar a los inculpados.
- Portar su arma de cargo en estado de ebriedad.
- Antecedentes de procedimientos administrativos por diversas conductas.
- Violencia familiar.
- Dar positivo a sustancias prohibidas.
Como se puede observar, las causas antes mencionadas son realmente graves e, incluso, ameritan el cese inmediato de dichos agentes, situación que en estos momentos, seguramente, está siendo analizada por los altos mandos de la corporación.
En conclusión, la demanda de aumento salarial que ha pululado en los últimos días por parte de estos supuestos servidores públicos no tiene razón de ser, menos aún cuando está basada en el interés perverso de pasar desapercibidos por el ejercicio de la Ley, algo que, como se ha comprobado en innumerables ocasiones, es imposible de conseguir.
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