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Cae exfuncionario afín al caso de Lydia Cacho; prófugo “gober precioso”

Cae exfuncionario vinculado al caso de Lydia Cacho; prófugo “gober precioso”

Juan Sánchez Moreno, ex jefe de la desaparecida división de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla durante el gobierno de Mario Marín Torres, se convirtió en el primer detenido por la orden de aprehensión liberada en Quintana Roo contra los implicados en el arresto de la periodista Lydia Cacho Ribeiro ocurrido en 2005 y que también incluye al ex mandatario poblano.

En tanto se ignora cuál es el paradero del ex gobernador Mario Marín Torres. Según su secretario particular, Ramón Fernández Solana, se encuentra vacacionando, sin mencionar el lugar donde estaría pasando el actual periodo de asueto, sin embargo, otras versiones indican que desde el jueves pasado fue alertado desde Quintana Roo que había una orden de aprehensión en su contra, por lo que habría salido huyendo de territorio poblano para evitar ser localizado por la Fiscalía General de la República.

Infiltró Mario Marín sistema judicial de Quintana Roo

Trascendió que Mario Marín, desde que en enero de este año se mencionó que habría una nueva causa penal en su contra por la detención de la periodista Lydia Cacho, habría contratado los servicios de despachos de abogados para que se infiltraran en el Poder Judicial federal en Quintana Roo y lo alertaran de cualquier intento de detenerlo, razón por la cual el mismo día en que se giró la orden de aprehensión, el ex mandatario dejó de ser visto en Puebla luego de que tenía constantes apariciones públicas en los actos de campaña del candidato del PRI a la gubernatura, Alberto Jiménez Merino.

Arrestado el encargado de girar orden contra Lydia Cacho

De acuerdo con varios reportes, personal de la Seido de la Fiscalía General de la República detuvo la tarde de este martes a Juan “N”, quien fue el encargado de girar la orden de aprehensión contra la escritora para su arresto en la ciudad de Cancún.

El ex funcionario de Puebla durante el sexenio marinista se desempeñaba hasta este día como comandante en la Secretaría de Seguridad Pública dentro de un municipio del Estado de México, entidad donde fue detenido.

Esto para dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada por la magistrada del Primer Tribunal Unitario con sede en el estado de Quintana Roo, María Elena Suárez Préstamo, el pasado 11 de abril por los delitos de tortura psicológica que sufrió Lydia Cacho durante su arresto extrajudicial el 16 de diciembre de 2005.

Juan “N” es uno de los cuatro implicados en esta orden de aprehensión que incluyen al ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, a quien se le acusa por el delito de tortura y abuso de autoridad.

También, dentro de la acción legal están los nombres del empresario José Kamel Nacif Borge y el ex jefe de la Policía estatal, Hugo Adolfo Karam Beltrán.

Lydia Cacho, tras acudir a la Suprema Corte de Justicia.

Lydia Cacho, tras acudir a la Suprema Corte de Justicia.

Orden de captura 13 años después; PRI lo defiende

La orden de aprehensión se da 13 años después de la detención de la periodista y escritora para ser juzgada por el delito de difamación y calumnia a través de su libro “Los Demonios del Edén” que relataba los detalles de una poderosa red de explotación sexual infantil que incluía a empresarios y políticos poblanos.

Esto luego que el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictaminara que el Estado Mexicano estaba obligado a procesar y castigar a los implicados en las violaciones a derechos humanos cometidos contra la periodista.

El lunes de esta semana se giró la orden de búsqueda contra el Mario Marín Torres para su captura y traslado a Veracruz para ser procesado por los delitos imputados pese a que a finales de la década pasada fuera exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante las versiones de su potencial aprehensión, integrantes del PRI, partido al que pertenece, han salido en su defensa y asegurado que ya fue juzgado por los delitos y el delito de tortura ya habría prescrito; sin embargo, no existe prescripción a las violaciones a Derechos Humanos.

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